Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- Una comitiva de empresarios de la Riviera Maya se presentaron en San Lázaro con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda para plantear que el aumento al Derecho de No Residente puede afectar la competitividad turística, el empleo y la llegada de visitantes internacionales; plantean tarifas diferenciadas y mayor certeza en los procesos aduaneros.
Las propuestas de los sectores empresariales de Tulum y la Riviera Maya frente al Paquete Económico 2027 se centraron en frenar el incremento al Derecho de No Residente (DNR), revisar el impacto de este cobro en la actividad turística y establecer condiciones que permitan mantener la competitividad de los destinos mexicanos frente a otros mercados internacionales.
Durante una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, presidida por Carol Antonio Altamirano, representantes de organizaciones empresariales expusieron sus preocupaciones sobre las medidas fiscales previstas para el próximo ejercicio, con énfasis en los efectos que los costos de ingreso al país pueden tener sobre el turismo extranjero.
Por parte de Mujeres Empresarias Riviera Maya, Valeria Rindertsma y Offner Israel Arjona solicitaron reducir el DNR, al señalar que este derecho ha aumentado 55 por ciento en dos años.
Advirtieron que el encarecimiento de la visita podría estar relacionado con una disminución en la llegada de turistas internacionales a la región, con repercusiones en el empleo, el crecimiento económico y la capacidad de competir con otros destinos.
En una postura coincidente, Francelia Mota Blancas, representante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Tulum, pidió reconsiderar el incremento contemplado en el Paquete Económico 2027.
Además, propuso analizar la aplicación de tarifas diferenciadas por región, con el argumento de que las condiciones y necesidades de cada destino turístico no son iguales.
Mota Blancas también puso sobre la mesa la necesidad de homologar los criterios aduaneros y brindar mayor certidumbre en los procedimientos de ingreso al país.
Desde su perspectiva, los costos adicionales para los visitantes, las cargas que enfrentan las empresas y la falta de uniformidad en los procesos administrativos afectan la competitividad turística.
Por su parte, Salvador García Santos Rivero, del Consejo Coordinador Empresarial de Tulum, se pronunció directamente contra el aumento previsto y solicitó que la tarifa vigente se mantenga sin modificaciones.
El representante empresarial argumentó que el turismo internacional genera una derrama económica que va más allá del pago de derechos migratorios, debido al gasto que los visitantes realizan durante su estancia en hospedaje, alimentos, transporte y otros servicios.
Señaló que ese consumo también contribuye a la recaudación de impuestos como el IVA, el ISR y el impuesto al hospedaje.
Las posturas expuestas reflejan coincidencias entre las organizaciones empresariales en torno a la necesidad de evaluar el impacto de la política fiscal sobre el sector turístico.
Sin embargo, sus planteamientos incluyen distintas alternativas: desde reducir el DNR y conservar su tarifa actual hasta establecer cobros diferenciados por región y mejorar la operación de los procedimientos aduaneros.
La reunión se realizó como parte del análisis del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 y, de acuerdo con el diputado Carol Antonio Altamirano, responde a acuerdos alcanzados por consenso entre los grupos parlamentarios para fortalecer el diálogo entre el Poder Legislativo y los sectores social y privado.
Las propuestas de los representantes turísticos quedaron planteadas ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en un proceso de revisión en el que el sector empresarial busca que las decisiones sobre ingresos públicos consideren también sus posibles efectos en la llegada de visitantes, la actividad económica regional y la generación de empleos.
Agencias
