Playa del Carmen, 5 de septiembre de 2025.- De nueva cuenta, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo parece estar al servicio de Xcaret, al incurrir en una serie de irregularidades, para retrasar una denuncia interpuesta por una ex trabajadora, en contra de un hijo del propietario de esta cadena de parques, por acoso laboral. Al mismo tiempo, le ha dado celeridad a una contradenuncia efectuada en contra de esta víctima, efectuada como probable represalia.
Olivia Montes de Oca López, quien laboró por 20 años en la rentadora de vehículos creada por los dos hijos de uno de los dueños de Xcaret, sufrió actos de hostigamiento y acoso laboral por 15 meses, todo para obligarla a que dejara su cargo, sin brindarle liquidación, para así poder nombrar en su lugar al nieto del mencionado empresario, un joven de 24 años de edad, sin experiencia suficiente.
La empresa es Admovil S.A. de C.V., conocida por su marca “Xotics Car Rental”, supuestamente independiente, aunque con oficinas dentro del edificio de Xcaret en la Zona Hotelera de Cancún. Los dueños son David y Miguel Q., los dos hijos de uno de los propietarios de la empresa.
“Es una historia que se repite mucho en esta familia y empresa. Optan por desplazar a mujeres, a las que incluso criminalizan sin evidencias para deshacerse de ellas, para así favorecer a hombres y colocarlos en puestos de poder”, nos narra Olivia Montes de Oca, quien con dolor señala que pese a sus años de esfuerzo y a todas las promesas que recibió de que obtendría participación, cuando el hijo de uno de sus socios alcanzó suficiente edad, no dudaron en colocarlo en su cargo.
No conforme con esto, ellos además le exigieron que ella entrenara a su eventual reemplazo.
Simultáneamente, y como se negaban a brindarle una liquidación justa, estos socios recurrieron a una serie de tácticas de acoso, entre agosto de 2023 y noviembre de 2024, según se desprende de la acusación.
Esto iba desde exigirle resultados y plazos irreales, lanzarle constantes amenazas, darle malos tratos, hasta llegar a los gritos, quitarle su oficina, entre muchos otros actos de agresión. Después de año y medio de abusos, este hostigamiento hizo que Olivia Montes de Oca enfermara en más de una ocasión.
Después de su rescisión de contrato, a causa de enfermedad, y a que estos “juniors” millonarios se negaran a otorgarle un finiquito, Olivia Montes de Oca López decidió interponer una denuncia por discriminación ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Luis Q., y en contra de Enrique Y. (apoderado legal), misma que quedó asentada con número de carpeta de investigación 6652/2025.
Olivia Montes de Oca, quien es abogada, cuenta con todas las evidencias de las conductas denunciadas, incluidos no solo testimonios, sino audios, imágenes y documentación.
COMIENZAN LAS IRREGULARIDADES
Como ha sucedido antes con cualquier caso que involucre a Grupo Xcaret, el actuar de la Fiscalía General del Estado cae en sospechosas omisiones, retrasos y abiertas irregularidades, para presuntamente proteger esta poderosa empresa y a sus filiales.
Basta recordar el caso de María Lourdes Hernández Vallejo, sentenciada a tres años de cárcel (aún en apelación) por supuesta administración fraudulenta, sin que esta empresa presentara evidencias de ello, pues la palabra de unos subordinados del denunciante fue suficiente para la Fiscalía.
Igual de escandalosa fue la actuación de la Fiscalía al ahogarse un niño en el parque Xenses. El padre de la víctima narró la manera en que personal de este organismo se negaba a liberar el cuerpo de su hijo, a menos que firmara un documento perdón para la empresa.
En el caso de Olivia Montes de Oca, su carpeta de denuncia, de forma injustificada, quedó sin movimiento alguno durante meses.
“Yo tenía que acudir a la Fiscalía y a Justicia Alternativa a diario, para tratar de ver al agente que llevaba mi caso, pero sin resultado alguno”, comentó la entrevistada. “Nunca me quisieron brindar alguna medida de protección y en ningún momento aplicaron alguna perspectiva de género en mi caso.”
La Fiscalía, de manera irregular, se negaba a notificar o a citar a declarar a los denunciados, ya que afirmaba que no los hallaba, pese a tratarse de personas públicas y fácilmente localizables.
Ante esta situación, la denunciante debió interponer una queja ante Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dejar constancia que su denuncia original, y las dos denuncias adicionales que sumó, estaban detenidas, sin ser debidamente integradas.
Ya en julio, al acudir nuevamente a la Fiscalía, para su gran sorpresa descubrió que su carpeta había “desaparecido” misteriosamente, sin que hubiera registro de su declaración ni de ninguno de los actos de investigación que había solicitado.
“Por fortuna, yo ya éstas me las sé y les mostré que ya existía una queja ante Derechos Humanos, en donde figuraba el número de carpeta que ellos afirmaban que no existía”, comentó la ex directora. Un día después, la Fiscalía General del Estado tuvo que volver a citarla para reabrir este expediente.
DE VÍCTIMA A INVESTIGADA
Fue el 16 de julio cuando llegó la reacción de los poderosos hombres que ella denunciaba: dos denuncias penales interpuestas en su contra. Las dos carpetas abiertas eran por los mismos delitos e interpuestas por el mismo quejoso, pero, inexplicablemente, la Fiscalía las manejaba por separado, como si fuera dos hechos distintos.
“A un mes de que ellos pusieron la denuncia, yo fui individualizada y resulté ser localizable de inmediato, aunque ellos no”, criticó.
Ella solicitó los números de carpetas, pero el agente del Ministerio Público le brindó un número correcto y uno erróneo, además de decirle que eran por un delito distinto al que figuraba en los documentos.
“Yo apunté los dos números, para averiguar lo que pudiera, quién los llevaba, cuáles eran los delitos, pero descubrí que un número no era real”, recordó. “Tuve que hacer guardia cuatro días en la Fiscalía, hasta que en el cuarto día, después de permanecer allí desde la mañana hasta casi a la noche, logré entrevistarme a la agente del MP, quien me brindó el número correcto”.
Así fue como descubrió que las dos carpetas eran por los mismos delitos, interpuestos por el mismo representante legal, lo que era una irregularidad total.
“Por lo que veo, el Ministerio Público al que yo le hice mi denuncia fue quien ahora me coloca como presunta, cediendo la carpeta que llevaba a una compañera”, relató.
La denuncia todavía está en la fase de integración, pero Olivia Montes de Oca dice temer el poder de esta empresa, que ya parece tener un modus operandi de usar a los aparatos de justicia como un arma para coaccionar, intimidar o castigar a ex trabajadores. Es probable que con esta acción intenten bloquear cualquier pretensión por parte de su víctima de obtener justicia, tanto laboral como penal. También puede que sea un método de presión para obligarla a guardar silencio, pues la ex directora de Xotics conoce a detalle el funcionamiento interno de la empresa de los herederos de Xcaret, además de mucha información del Grupo mismo.
