Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- La aprobación en el Senado de la reforma a los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres representa, más allá del reconocimiento expreso de las mujeres indígenas y afromexicanas en el marco legal, un avance hacia una política de igualdad con visión transversal.
El dictamen, respaldado por 99 votos, establece nuevas bases para que las condiciones específicas de estas mujeres sean consideradas en los distintos ámbitos de la acción pública y no permanezcan como un tema aislado dentro de la agenda de género.
Durante su intervención en tribuna, la senadora y fundadora de Morena en Quintana Roo, Anahí González Hernández sostuvo que la igualdad debe dejar de ser una declaración general para convertirse en un mandato capaz de responder a las desigualdades más profundas.
La legisladora planteó que nombrar de manera expresa a las mujeres indígenas y afromexicanas permite generar condiciones para que su desarrollo, participación y reconocimiento sean incorporados en las políticas nacionales de igualdad. Su iniciativa, presentada en octubre de 2024, fue enriquecida durante el proceso legislativo con aportaciones de otras legisladoras.
El carácter transversal de la reforma adquiere relevancia porque implica que la igualdad no se atienda únicamente desde las instituciones responsables de la política de género. La legislación en la materia contempla la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la coordinación interinstitucional.
Además, la Política Nacional de Igualdad comprende ámbitos como educación, cuidados, economía, salud, trabajo, participación política y vida social y cultural. De esta manera, el reto pasa de visibilizar a las mujeres indígenas y afromexicanas a incorporar sus necesidades y derechos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
En su exposición, Anahí González también puso el acento en la discriminación múltiple que enfrentan muchas mujeres por su condición de género y origen, una realidad que requiere respuestas diferenciadas. El dictamen incorpora criterios vinculados con la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad, elementos que permiten reconocer que las desigualdades no se manifiestan de la misma manera en todos los sectores ni territorios.
Para Quintana Roo, donde la presencia de comunidades mayas forma parte de la realidad social y cultural del estado, esta dimensión adquiere una relevancia particular.
Con la aprobación del Senado, el planteamiento es que la igualdad sustantiva trascienda el discurso y se refleje en programas, presupuestos, servicios, oportunidades y espacios de decisión.
La transversalidad se convierte así en uno de los elementos centrales del nuevo enfoque: que la condición de mujer indígena o afromexicana sea tomada en cuenta en cada política pública que pueda incidir en su vida.
El objetivo, en términos de la propia legisladora, es que la reforma no se quede en el papel, sino que contribuya a la Revolución del Bienestar, transformando las condiciones que durante generaciones han limitado el ejercicio pleno de sus derechos.
